Article publicat avui a el País.
Aurelio Arteta es catedràtic de filosofia
Tinduf desolado
“Han sido nada menos que 52 las resoluciones favorables desde 1990, aunque ya hemos perdido la cuenta. Como cada año, también el último (el pasado día 14 de diciembre) la Asamblea General de la ONU aprobó por setenta votos a favor y ninguno en contra otra nueva resolución reafirmando que el del Sáhara Occidental es un problema de descolonización interrumpida que sólo puede resolverse mediante la práctica del principio de autodeterminación. España se abstuvo en la votación. Nuestro representante en las Naciones Unidas adujo que, aun cuando su gobierno apoyaba ese principio, no era el único susceptible de abordar este proceso descolonizador. No consta que el alto diplomático pasara entonces a exponer qué otro principio sería aplicable para acabar con esta vergüenza política que dura más de treinta años. Tal vez a nuestro embajador se le borró en ese instante la desdichada imagen de los campamentos de Tinduf y del sufrimiento que habita el territorio saharaui ilegalmente ocupado por Marruecos.
Ignorante de los recovecos de la política internacional, a uno le parece una inhibición culpable. Es un notable escándalo que España se abstenga a la hora de aliviar la suerte de la región del planeta en la que le asiste menos derecho a abstenerse y más deber de estar implicada. Se podrá entender la abstención de Bulgaria o de Guatemala, pongamos por caso, porque aquella suerte ajena ni les va ni les viene. Incluso habría más razones para disculpar esa vergonzante neutralidad en Estados Unidos y Francia, países con los que en este litigio España está alineada. Al fin y al cabo, Sáhara Occidental no fue nunca una porción de aquellos Estados como lo fue -nada menos que provincia- del nuestro. Por eso muy pocos días después al presidente argelino no le costaba gran esfuerzo sacar los colores al español pidíendole mayor compromiso ante Marruecos y el Frente Polisario con vistas a organizar el referéndum requerido por la legalidad internacional. Y es que, recordó Buteflika a Rodríguez Zapatero, “España no puede quedarse indiferente ante la suerte actual del pueblo saharaui, que ustedes colonizaron desde 1885 hasta 1975”. ¿O no es tal indiferencia la que ahora permite, e incluso ampara, que sea el reino de Marruecos el nuevo y más brutal colonizador?
Por lo que se escucha en los campamentos, los saharauis confían en la sociedad española, pero tienen al actual Gobierno español como enemigo. Es verdad que la responsabilidad última corresponde a las Naciones Unidas, según hace constar su Asamblea, pero sin duda pocos gobiernos del mundo como el nuestro guardan la llave efectiva de la solución del problema. A falta de autoridad mundial con poder para disuadir a la actual “potencia ocupante” (Marruecos), se diría que es a la última “potencia administradora” (España) a la que más toca emprender pasos que desbloqueen la situación. Pues ésta se pudre a tal extremo que, según bastantes refugiados, la única esperanza reside en una nueva guerra con el invasor. No porque haya la menor confianza en ganarla, claro está, sino porque sólo así los jugadores decisivos de la partida se verían forzados a mover ficha en este tablero político congelado.
Podría ser entonces que el Gobierno de la nación no estuviera defraudando tan sólo a los pocos saharauis, sino a muchos más españoles y que en este punto particular fuera tan enemigo nuestro como de ellos. Es cosa fácil de entender. Antes o después, un gobierno democrático debe y suele dar noticia de sus políticas, igual en materia interior que exterior, lo mismo de sus proyectos que de sus resultados. Se trata de una obligación sin la cual el ciudadano permanece incapaz de formar su juicio político y, por tanto, de ejercer el debido control de sus mandatarios. De modo que, mejor o peor, la opinión pública española está oficialmente informada de las razones de la salida de nuestras tropas en Irak o de nuestra actual presencia militar en Bosnia y Afganistán. Incluso sabe que, bajo la presidencia de España, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2003 por unanimidad la resolución 1.495 en apoyo del llamado Plan Baker. Muy bien, ¿y quién informó a esa opinión pública del porqué del giro radical que dio nuestra política en este conflicto precisamente a partir del último cambio de Gobierno? ¿Algún ciudadano conoce por boca del ministro. Moratinos la postura oficial ante la estrategia marroquí y el futuro a medio plazo del Sáhara Occidental? Quizá se nos pasó por alto, pero ¿acaso ha dedicado el Parlamento español una sola sesión a debatir acerca de esta notoria injusticia que un gobierno franquista originó y varios gobiernos democráticos llevan treinta años manteniendo? ¿Cuál es entre nosotros el partido que introduce este pleito en su campaña electoral, en su agenda política, en sus intervenciones parlamentarias…?
Se dirá que al ciudadano medio unas cosas públicas le interesan más y otras menos, y que, recluido por lo común en sus quehaceres privados, tiende a despreocuparse de las andanzas de su país en política exterior. Y eso es cierto…, salvo seguramente a propósito de Sáhara Occidental. En este asunto una numerosa población española está volcada a través de múltiples asociaciones de solidaridad, ayuda humanitaria, acogida de niños, etc., mientras el propio Gobierno no da señales de sentirse concernido. Pues bien, en la medida en que los hemos convertido ya en bastante “nuestros”, junto al derecho a saber la suerte que se les prepara, nos mueve también un enorme interés en saberlo.
Nada de esto pretende contrariar las interesantes observaciones del profesor Bernabé López en un artículo reciente (17 de diciembre). Aceptemos, pues, que ni el partido nacionalista saharaui ostenta la entera representación de esa sociedad ni el derecho al autogobierno ha de equivaler a derecho a la independencia. A lo mejor bastaría que ese autogobierno garantizara el retorno y una vivienda digna a los exiliados, la disposición autónoma de sus riquezas naturales y la libertad para defender sus proyectos políticos, incluida la independencia. Sólo que, desde su probado desprecio hacia los mandatos de la autoridad internacional -y conforme al trato político que dispensa a sus propios súbditos- no es de esperar que Marruecos acceda de buen grado al reconocimiento de tales cotas de soberanía saharaui. Y la pregunta es qué hace España para favorecer ese reconocimiento.
Al visitante de los campamentos de Tinduf le abate el espectáculo desolador de esos seres que sólo conjugan el verbo aguardar. Los mayores rumian el pasado, los más jóvenes no se hacen ilusiones sobre su porvenir, los niños acuden a una escuela a la que sus maestros -desprovistos de alicientes- faltan cada vez más. Entre tanta basura sin recoger y pozos sépticos sin depurar, cunde la desidia y la desmoralización. Son vidas humanas sobrantes: al carecer como refugiados de derechos políticos, carecen hasta de derechos como meros hombres… Pero aceptemos asimismo que nuestra solidaridad hacia estas sombras de Tinduf ha podido discriminar a la mayoría saharaui que malvive en los territorios ocupados; que por paliar la miseria de los unos hayamos dejado a los otros a merced de la presión y represión marroquíes. ¿Cómo podría entonces nuestro Gobierno contribuir al acercamiento de estas dos partes de la quebrada sociedad saharaui para así forzar a la observancia del reiterado dictamen de las Naciones Unidas?
Porque sería inicuo que tanta memoria histórica para los de aquí dejara olvidados a los de allá, esos que un día nada lejano también fueron de los nuestros. “
